jueves, 19 de noviembre de 2009

El Senado aprobó las Leyes escritas por las ABUELAS


Una sesión por los derechos humanos


El Senado convirtió en ley la despenalización de las calumnias e injurias. También proyectos promovidos por los organismos: el de obtención de ADN por medios alternativos y que el Banco de Datos Genéticos sea un ente autárquico.


A diez años del compromiso asumido por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Senado convirtió en ley anoche, por unanimidad, el proyecto oficial para despenalizar los delitos de calumnias e injurias.
En la misma sesión y luego de un debate de cuatro, la Cámara alta también aprobó tres proyectos oficiales reclamados por organismos de derechos humanos:
- El primero permite a los jueces que intervienen en causas por apropiaciones obtener muestras de ADN “por medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo”, tal como aprobó la Corte Suprema y como se aplicó con éxito en nueve casos de jóvenes recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo. Se aprobó por 57 votos a favor y sólo uno en contra.


- El segundo convierte el Banco Nacional de Datos Genéticos, que tenía una doble dependencia funcional, en un ente autárquico que funcionará dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El BNDG se encarga de realizar los exámenes genéticos que hicieron posible identificar a decenas de hijos de desaparecidos. Fue el que mayor resistencia tuvo: 38 votos a favor, 20 en contra.


- El tercero establece que las asociaciones o fundaciones registradas conforme a la ley pueden constituirse como querellantes en los procesos por crímenes de lesa humanidad, al margen de representar a víctimas directas, siempre que su objetivo estatutario se vincule con la defensa de los derechos lesionados. La ley pone fin al cuestionamiento de distintos tribunales a la legitimidad de organismos que patrocinan a víctimas o familiares. Se aprobó por 50 votos a favor y siete en contra.


La senadora chaqueña Elena Corregido prefirió relatar la recuperación de Martín Amarilla Molfino. “Le quitaron el derecho a la intimidad, que es el de mirarse con su madre cuando se alimenta”, dijo, y recordó que “su propia sospecha lo llevó a hacerse los análisis de ADN, datos que el Banco no tenía, porque su familia ignoraba que la mamá estaba embarazada”. “Todos tenemos derecho a la identidad y a recuperar a nuestros hijos y nietos. Con estas leyes estamos asegurando el derecho a la verdad”, afirmó.


Daniel Filmus recordó que “este Congreso aprobó las leyes de impunidad” y destacó “el aval para debatir estos proyectos es el respaldo de los organismos de derechos humanos”. “Cuando buena parte de la sociedad les daba la espalda, Madres y Abuelas siguieron luchando. Hoy plantean estos temas como centrales para recuperar la dignidad de la sociedad”, dijo.


Rubén Giustiniani fundó la disidencia del socialismo sobre el traspaso del Banco, y respaldó los otros proyectos. “Van a significar un instrumento legal importante para avanzar en el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad”, afirmó. “Hoy damos un paso adelante en el camino de la verdad, la justicia y la consolidación de la democracia”, cerró.

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